Cincuenta años de guerra e impunidad contra las mujeres objetivo de violencia sexual

por Patricia Guerrero, Colombia

En cincuenta años de conflicto armado nadie sabe verdaderamente cuantas víctimas de violencia sexual VS y violencia sexual basada en género GBSV ha dejado el conflicto interno armado en Colombia. Muchos de los crímenes penales internacional ni siquiera existían hace veinte años. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional refleja en su articulado, la barbarie de los crímenes de género en la lógica jurídica que reclama la convención, el estatuto,  el tratado o el protocolo, después del genocidio, la tortura, la desaparición forzada, o la violencia sexual contra las mujeres.

Aborto forzado, embarazo forzado, esclavitud sexual, prostitución forzada, violación (rape) como genocidio etc., hasta hace muy poco fueron reconocidos como crímenes penales internacionales. Colombia hace parte del Estatuto de Roma y este, como los demás tratados que reconocen y protegen los derechos humanos incluido el DIH forman parte del bloque de constitucionalidad y son de superior jerarquía que la legislación interna. En todo caso prevalecen sobre la legislación nacional.

En Colombia han sido las víctimas, las sobrevivientes, las organizaciones de mujeres, las defensoras de derechos humanos de las mujeres y otras organizaciones democráticas, quienes con el apoyo de la Bancada de Mujeres del Congreso de la República, han logrado elevar a la categoría de ley la persecución de la violencia contra la mujer[1]

La investigación, persecución y castigo para los responsables de violencia de género y la violencia sexual en razón del conflicto interno armado siguen siendo el reto para la Fiscalía General de la Nación. En más de 15 años como defensora de las víctimas de violación sexual y desplazamiento forzado[2], ni uno de los más de 130 casos que hemos denunciado ante la Fiscalía General de la Nación ha obtenido resultados. Las investigaciones han sido archivadas o suspendidas por falta de pruebas. 100% de impunidad respecto de los casos de la Liga de Mujeres Desplazadas[3].

La Corte Constitucional ha reclamado a la Fiscalía General de la Nación justicia para nuestros casos así como para cientos de casos más de mujeres desplazadas que han sido víctimas de violación sexual (Auto 092 de 2008[4]) por todos los actores armados en el conflicto: paramilitares, guerrillas y fuerza pública. Sin embargo la respuesta de la Fiscalía sigue siendo descoordinada, parcial e inconsistente y la impunidad no ha sido superada sino que por el contrario, las victimas desconfían del sistema judicial, pues sus derechos como víctimas han sido reiteradamente violados. Ellas han sido re victimizadas al ser expuestas a contar los hechos N número de veces ante diferentes funcionarios públicos, no tiene una asistencia psicológica permanente y calificada que les permita superar el trauma y el estrés post traumático sino todo lo contrario, sus versiones son puestas en tela de juicio y muchas de ellas han debido desplazarse nuevamente por el estigma social y otras, por temor a la persecución de los perpetradores en ocasiones miembros de sus propias familias.

Un reciente informe se seguimiento a estos casos denominado ‘Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual’ [5] del cual hizo parte la Liga de Mujeres Desplazadas y el Observatorio Género Democracia y Derechos Humanos, hace un extenso recorrido por los obstáculos institucionales, entre los cuales la falta de una política pública de mujer y género es evidente en la Fiscalía General de la Nación así como la falta de un tratamiento diferencial de las víctimas; la falta de garantías de acceso a la justicia destacándose la desprotección, la visión restringida de la VS en conflicto armado y los graves obstáculos en la atención en salud.

Son cincuenta años de guerra e impunidad contra las mujeres.

Patricia Guerrero, Fundadora de la Liga de Mujeres Desplazadas y del Observatorio Género Democracia y Derechos Humanos/Abogada feminista defensora de Derechos Humanos.


[1] Ley 1257, 4 de diciembre de 2008 Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones en respuesta a las exigencias de la CEDAW y Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

[2] Lo que entre otras cosas me ha colocado en una situación de riesgo extraordinario desde el año 2002 por lo cual la Comisión IDH me ha otorgado medidas cautelares desde el 2009.

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